El Gobierno valenciano cerró el ejercicio presupuestario de 2023, el del cambio político en la Generalitat tras las elecciones, con un resultado negativo de 2.946,4 millones de euros. Según la liquidación practicada por la Intervención General, de la que ha tomado cuenta este martes el pleno del Ejecutivo, este resultado se ha visto influido por el aumento de las obligaciones contraídas por el anterior Consell del Botànic, que se incrementaron un 11,6%, y que la actual portavoz y responsable de Hacienda, Ruth Merino, definió como una "mochila heredada" que es "pesada".
En el actual equipo de PP y Vox están "convencidos" de que se empiezan a desprender de esa carga con planes de eficiencia y control del gasto público que ya se han puesto en marcha y que se ampliarán en los próximos meses. Eso sí, "en la medida de las posibilidades dada la infrafinanciación" autonómica que padece la Comunitat Valenciana.
Según explicó Merino, dentro del aumento de las obligaciones de pago reconocidas en las Cuentas, sobresale el aumento del 7,33% en el capítulo I del presupuesto, lo que en cifras absolutas equivale a un aumento de 543 millones de euros en gastos de personal en un año. La otra variable que advirtió que aumenta de forma marcada es el capítulo II (gasto corriente en bienes y servicios), en un 23,35%, hasta superar los 4.509 millones de euros.
Merino precisó que, aun con ello, "los datos finales son mejores que los obtenidos el año pasado", lo que en su opinión "demuestra que se está notando ya la buena gestión" del actual Ejecutivo y "ese gasto eficiente que siempre venimos priorizando en la forma de gobernar", añadió.
"Queda todavía camino por recorrer", dijo, pero los primeros signos "están ahí", como ya ocurrió con el déficit comparado del mes de noviembre, remarcó la consellera, que agregó: "Estamos convencidos de que estas cifras, en la medida de las posibilidades, dada la infrafinanciación de esta comunidad, van a ir mejorando debido a la buena gestión y a esa optimización y eficiencia en el gasto".
Desde el Consell señalan el fuerte incremento del gasto estructural consolidado por el Botànic "a pesar de la desaparición de los recursos extraordinarios vinculados a la lucha contra la pandemia o la guerra de Ucrania".
Según advierten, este gasto, unido a la infrafinanciación autonómica, compromete el cumplimiento en los próximos ejercicios de los objetivos de estabilidad presupuestaria al suponer un elevado déficit estructural primario. Por contra, desde el Gobierno valenciano reiteran que una de sus prioridades es reducir el gasto superfluo con la puesta en marcha de una comisión interdepartamental.
La liquidación practicada por la Intervención de la Generalitat corresponde exclusivamente al presupuesto de la administración autonómica y no incluye al sector público. Por ese motivo, aunque el resultado presupuestario no financiero influye "de forma considerable" en el cálculo del déficit definitivo de la Generalitat en 2023, este dato no se conocerá hasta el próximo marzo.
El PSPV replica apuntando a Mazón
El PSPV apuntó al presidente de la Generalitat en sus críticas al resultado de la liquidación del Presupuesto de la Generalitat de 2023. Su portavoz de Hacienda en Les Corts, José Díaz, afirmó que Mazón "ha quedado retratado con un déficit de 3.000 millones de euros, pese a que la Generalitat ha contado con un 26% más de recursos del sistema de financiación que en ejercicios anteriores". Según dijo, aun así ha sido "incapaz de cerrar el ejercicio con una importante mejoría respecto a 2022, tal y como se esperaba".
Cese de María José Mira
Por otro lado, el pleno del Consell ha aprobado el cese de la secretaria autonómica de Economía, María José Mira, una vez "culminados todos los trabajos que tenía pendientes" para facilitar una "transición ordenada" entre el gobierno del Botànic y el nuevo ejecutivo integrado por PP y Vox con el propósito asegurar un proyecto "tan importante" como la gigafactoría de baterías de Sagunt (Valencia).
Así lo explicó Merino, que aclaró que la salida de Mira de su conselleria se ha producido "a petición propia" y aseguró que la decisión "no tiene nada que ver con el episodio del helicóptero", en referencia al supuesto uso irregular de Mira de un medio de emergencias en 2022 para rescatar a una amiga de la dirigente autonómica, unos hechos investigados por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y que analiza Fiscalía.
En cualquier caso, la consellera admitió que el cese de Mira no le "pilla por sorpresa", dado que la propia secretaria autonómica se había comprometido a asegurar una "transición ordenada" para el proyecto de la gigafactoría.
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